Plus ultra: “más allá” en latín, fue el lema que escogió el emperador Carlos I de España y V de Alemania para su escudo de armas, flanqueado por las columnas de Hércules. También es el nombre de una compañía aérea española fundada en 2011 que cuenta con cuatro aviones en su flota y un número de vuelos inferior al 0,1% del tráfico aéreo en España según datos del año 2019.     

No se trata de una compañía aérea de renombre o postín, como pueden ser Iberia, Ryanair o Air Europa, de hecho, su nombre ha saltado a la palestra la semana pasada al haber sido rescatada por el Estado. El gobierno español ha inyectado 53 millones de euros con fondos del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para salvar de la quiebra y desaparición de la citada empresa.  

 

El argumento esgrimido por el ejecutivo es la posición estratégica de la compañía rescatada en el mercado nacional.

 

En este punto, cabe preguntarse ¿cuán estratégica será esta compañía de transporte aéreo que cuenta con una flota de cuatro aviones y un tráfico aéreo tan reducido y que apenas se conozca?

 

Pero vayamos por partes.  

 

El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda- gestionado a través del SEPI.

 

El objetivo del Fondo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19, que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos.

 

Mediante este Fondo, el ejecutivo puede “rescatar” a una empresa privada, si se cumplen los requisitos establecidos para ello en la Orden Ministerial de 23 de julio de 2020. Grosso modo, el requisito más relevante es que se trate de una empresa estratégica para la economía nacional.

 

No obstante, el Estado no puede inyectar dinero público en empresas privadas sin una justificación probada, ya que la inyección de dinero público supone una distorsión de la libre competencia y del mercado.  

 

Por lo que además, el régimen de ayudas públicas deberá someterse a los procedimientos de revisión y control regulados tanto la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como en la normativa europea cuando esta resulte de aplicación.

 

Algún malpensado ha querido ver relación entre el rescate y los intereses de empresarios vinculados al gobierno venezolano de Delcy Rodríguez en la compañía aérea, y las relaciones de una parte del gobierno de coalición en estos últimos.

 

Ante este panorama Ryanair se plantea denunciar al gobierno español por la discriminación que suponen las ayudas públicas a Plus Ultra. Y es que la compañía irlandesa de bajo coste cuenta con una flota de 255 aviones y una cuota de mercado cercana al 16% en nuestro país durante el año 2019.

 

Las comparaciones son odiosas. Y el trato de favor evidente. Veremos cómo se resuelve este entuerto.