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A mi juicio

Por Sergio Castro González

El precio del poder: La Ley de amnistía


Puede parecer el nombre de una película de Hollywood o de serie de ficción al más puro estilo House of Cards protagonizada por el actor Kevin Spacey -quien, por cierto, ha sido declarado no culpable de los cargos de abusos sexuales de los que venía siendo acusado-, pero nada más lejos de la realidad.

Como casi siempre, la realidad supera a la ficción y he aquí estos días en nuestro país la principal noticia política es la probable aprobación de una Ley de Amnistía que PSOE y Podemos, están negociando con Ezquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, como moneda de cambio para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

La amnistía es una institución jurídica que tiene como consecuencia el olvido del hecho delictivo amnistiado y la extinción de la responsabilidad penal, es decir, el perdón del delito.

No debe confundirse con el indulto, que es el perdón de la pena. Es decir, requiere que el delincuente, haya sido enjuiciado y condenado, por lo que se perdona la pena que le ha sido impuesta por el tribunal. Mientras que en la amnistía no es necesario siquiera que el delito se haya juzgado, como es el caso del señor Puigdemont.

Además, la amnistía tiene un alcance general a todos los sujetos que hayan cometido los hechos que se amnistíen, el indulto tiene un alcance particular para los sujetos que lo hayan solicitado.

¿La amnistía es constitucional? El artículo 62 de nuestra Constitución prohíbe los indultos generales, pero no regula nada sobre una posible amnistía. De hecho, el único precedente en este sentido fue la amnistía realizada en 1977, un año antes de la aprobación de la Constitución, para excarcelar y perdonar a todos los presos políticos de la dictadura. No obstante, la Ley Antifraude prohíbe las amnistías fiscales.

No hay consenso entre la doctrina sobre la constitucionalidad de la amnistía.

Si es inconstitucional o no, deberá determinarlo el Tribunal Constitucional. Pero desde luego, al menos es poco ético y menos estético para el fin para el que está Ley pretende ser concebida. No todo vale, o mejor dicho, no todo debería de valer.

La situación política actual me recuerda al conocido como año de los cinco emperadores en el año 193 d. C., cuando tras el asesinato del sangriento emperador Cómodo, fue sucedido por Pertinax, quien, una vez asesinado por su guardia pretoriana, subastó el imperio romano al mejor postor, esto es, el que ofreció más dinero a los pretorianos, quien resultó ser Dido Juliano. La subasta de un imperio.

Con una eventual Ley de amnistía, no sólo se está lanzando el mensaje de que todo vale para permanecer en el gobierno, sino también, que la Ley no es igual para todos. Que hay ciudadanos de primera y de segunda.

No nos engañemos, la Ley de amnistía no responde a solucionar un problema de convivencia en Cataluña, sino al pago de un precio por la prestación de un servicio: el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Estado de derecho, sí. Pero no mucho. Y no para todo el mundo.