Ya va siendo hora de que la democracia, tanto a nivel nacional, como a nivel de la Unión, dé un salto cualitativo. Apenas ha terminado el recuento de las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo, y ya están discutiendo los políticos en negociaciones interminables sobre el reparto del pastel. La imagen que están dando los políticos nacionales de todos los países de la UNIÓN por copar los altos cargos de las instituciones europeas es democráticamente bochornoso y, desde luego, es lo más adecuado para que los ciudadanos vean en la integración de la UE un negocio puramente de los políticos.
Lo importante para los ciudadanos no es que haya un comisario de cada país de la Unión o que la presidenta de la Comisión sea alemana o francesa, sino que nos gobiernen los mejores, independientemente de su nacionalidad, y que a los mejores los hayamos elegido nosotros.
Del despotismo de los reyes hemos pasado al despotismo de los partidos políticos, que incluso económicamente nos resulta mucho más caro. Es curioso que según las encuestas sea ahora la corona española la que más estabilidad política nos ofrece a los españoles. Tal es la degradación de nuestros partidos políticos. Comprendo que haya muchas personas que se consideren republicanas, pero ¿se ha hecho alguna encuesta para ver si los ciudadanos queremos a los partidos políticos?
Del hecho de que los ciudadanos acudamos a las urnas tanto nacionales como europeas, no se deduce que aprobemos esta democracia o esta UE.
En las circunstancias actuales quizás no podamos prescindir de los partidos políticos, pero el que tengamos que tragar con todos los candidatos de una lista y, además, por el orden que nos imponen los partidos, no tiene nada de democrático. Si pudiéramos elegir a candidatos de diferentes listas, los obligaríamos a ponerse de acuerdo para poder gobernar, y, desde luego, esto sería mucho más democrático. En todo caso, aunque nos equivocáramos, nunca elegiríamos, para que nos gobernaran, a candidatos tan incompetentes como los actuales.
También Europa está obligada a controlar la calidad democrática de los países miembros.