El artículo 14 de la Constitución proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La igualdad "formal" ante la Ley existe, esto es, el reconocimiento legal -y constitucional- de este derecho. Sin embargo, a la vista de los últimos acontecimientos es pertinente preguntarnos si existe la misma igualdad ante la Ley en un sentido material o sustantivo. Y de paso, si la Justicia es igual para todos.

Entre algunos de los ejemplos tan recientes como evidentes, encontramos los indultos a los políticos presos del “procés”, la Ley de amnistía, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE en Andalucía o la entrada y salida a sabiendas del territorio nacional de un ciudadano en busca y captura.

¿Se trata de casos aislados o es la norma general? ¿Puede un ciudadano de a pie con una requisitoria sobre sus hombros, entrar y salir del país, y esquivar la acción de la justicia sin ser detenido como ha ocurrido con el señor Carles Puigdemont? O, los cientos de condenas diarias en asuntos penales ¿son también revisadas por el Tribunal Constitucional como el caso de los ERE?

Sin ir más lejos, los aforamientos, son un claro ejemplo de la desigualdad en la aplicación de la justicia. Este sistema de aforamientos, no deja de ser un privilegio de toda la clase política con independencia del partido o el signo político que representen. Ya que los jueces que eventualmente van a conocer de un determinado asunto en materia penal de un político, ni más ni menos, van a ser jueces de instancias superiores, designados por un Consejo General del Poder Judicial politizado. De ahí la importancia de la renovación y nombramiento de los miembros del CGPJ.

Algo cuanto menos, inadecuado.     

A todo esto, y como se ha hecho referencia desde esta Tribuna en entregas precedentes, hay que añadir el continuo ataque que desde el ejecutivo se perpetua frente a jueces y magistrados, desprestigiando y denostando una labor fundamental en el Estado: la administración de justicia.

La realidad es que se está enviando el mensaje a la ciudadanía de que la igualdad no es tal, y que existen ciertos privilegios en función de la posición, la influencia del justiciable o de la necesidad del gobernante de turno para perpetuarse en el poder.

Ahora bien, el ciudadano de a pie ¿puede esperar una justicia realmente justa y en igualdad de condiciones? Sin ninguna duda, la respuesta es rotundamente sí. En nuestro país, tenemos un sistema judicial honrado, con sus aciertos y sus errores, pero con equidad para todos.

Por qué no nos equivoquemos, los supuestos que hemos puesto de ejemplo no son justicia, sino la intervención del resto de poderes del Estado en la justicia, en unos casos el poder ejecutivo (indultos y huida de Puigdemont), en otros el poder legislativo en connivencia con el ejecutivo (Ley de amnistía). Difícil calificación tiene la revisión de los ERE por el Tribunal Constitucional, pero nos sirve de paradigma de la voluntad política del nombramiento de sus integrantes.

Esto debería servir para darnos cuenta de la absoluta necesidad de la independencia judicial.

Muchas cosas tienen que cambiar a este respecto. Pero vamos a lo importante: mañana se hará pública la sentencia de Daniel Sancho en Tailandia, ¿qué opinan Uds.? ¿condena o absolución?

¿Y la justicia? Haberla, hayla.