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La pareja de Ayuso apunta al "equipo" del fiscal general como responsable de la filtración

La defensa subraya que "de lo que no existe ninguna duda es de que se han cometido varios delitos de revelación de secretos por el 'equipo Fortuny'"

La pareja de Ayuso apunta al "equipo" del fiscal general como responsable de la filtración
V.T.P.C
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Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, apunta al "equipo Fortuny", el núcleo duro de confianza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Supremo, como presuntos responsables de haber cometido un delito de revelación de secretos.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la defensa de González Amador subraya que "de lo que no existe ninguna duda es de que se han cometido varios delitos de revelación de secretos por el 'equipo Fortuny'", que lidera el fiscal general, por lo que amplía la lista de los supuestos responsables de la filtración que investiga el Supremo. Dicho equipo está integrado, entre otros, por la fiscal Ana García León o el teniente fiscal Diego Villafañe, miembros de la secretaria técnica.

Apunta también que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada también por el Supremo, "habría ocultado todo lo que ya figura incorporado al sumario" en alusión a la "intervención de todo el equipo Fortuny desde el día 7 hasta el 14 de marzo en la revelación de todos los secretos y datos personales de los que disponía el Ministerio Fiscal".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala en su último informe que el día 8, Rodríguez, a petición del fiscal general, trasladó toda la documentación de la denuncia contra González Amador a Diego Villafañe.

"Desde ese momento, González Amador dejó de ser tratado como un ciudadano anónimo por Rodríguez, García Ortiz y Villafañe, pasando a tener el tratamiento asociado a ser la "pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid", señala el escrito de alegaciones contra el recurso de apelación de los dos investigados por los registros.

Lo que, en su opinión, "ha supuesto que toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal que estuvo en su mano, haya sido objeto de revelación pública".