Registrada la ley que prohíbe ser acusación popular a partidos y asociaciones afines

El PSOE ha registrado una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos y con la que busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de "acciones judiciales abusivas", publica EFE. 

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley que incluye también la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades y que suprime el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya avanzó su intención de aprobar este año la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una norma que sustituirá a la actual, que data de 1882, y que limitará el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.

Los socialistas impulsan esta iniciativa en un momento en el que hay varios procedimientos judiciales impulsados por acusaciones populares sin el apoyo de la Fiscalía, entre ellos los que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno.

Y proponen que la ley tenga carácter retroactivo y pueda aplicarse a investigaciones que ya se encuentren en curso, lo que, además de a los citados, afectaría a decenas de casos en los que los que hay partidos personados, en especial el PP, el PSOE y Vox, entre ellos el caso Koldo.

El texto aborda cuatro aspectos: la reforma de la acusación popular, la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.

Reforma de la acusación popular

Se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos y a asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, pero también a asociaciones de jueces y fiscales, lo cual supondría la exclusión de la asociación de fiscales APIF de la causa en la que se investiga al fiscal general por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

En su proposición de ley, el PSOE propone además que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. "Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos", ha explicado. López ha destacado que la fase de la instrucción debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio fiscal y por los perjudicados directos por el delito, "nadie más".

Así, el PSOE busca acabar con los "intentos abusivos" de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación "con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial".

Inadmitir querellas basadas en recortes de prensa

El segundo mecanismo que plantea el PSOE en su proposición de ley es la obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa. Este es el caso de la que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez.

Así, el texto incluye de manera expresa lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa, sin el menor indicio de irregularidades. "Cogemos lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo y lo llevamos a la ley, nada más", ha aseverado.

Ofensas contra los sentimientos religiosos

El PSOE aboga por suprimir el artículo 525 del Código Penal, de ofensas a los sentimientos religiosos, un delito que según ha señalado "no registra apenas condenas" aunque es utilizado "permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno".

Ha puesto el ejemplo del proceso iniciado contra el gran Wyoming o Dani Mateo por sus comentarios sobre la Cruz del Valle de los Caídos y la polémica sobre la estampita que mostró en las campanadas de Nochevieja en TVE la cómica Lalachus.

No obstante, el portavoz del grupo socialista ha querido dejar claro que con esta ley no se despenaliza el ataque o el acoso por motivos religiosos.

Abstención y recusación de jueces

"Todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común, que es la judicialización de la política. Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia porque hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente, para así poder iniciar procesos donde partan con ventaja, y esto tiene una consecuencia fatal para la imagen de la imparcialidad del Poder Judicial", ha dicho.

Para evitarlo, piden reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o de recusación, de manera que cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones u otras entidades públicas o privadas no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte.

Valoración del PP: "Desesperación" del Gobierno

El PP ha acusado al PSOE de dar un paso más en su estrategia de "laminar al poder judicial" en su "desesperación ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno" por la proposición de ley con la que pretenden prohibir que partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos ejerzan la acusación popular.

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que esta proposición de ley, registrada este viernes en el Congreso, "cercena el derecho de particulares y asociaciones a personarse en casos de corrupción, como ha hecho el Partido Popular en las tramas de corrupción que rodean al Gobierno".

Además, consideran que pretende impulsar el "control y amedrentamiento de los jueces", ante un texto que propone que los magistrados puedan ser recusados cuando hayan manifestado públicamente su censura, acuerdo o desacuerdo con actuaciones de las autoridades, partidos o sindicatos, entre otros, que sean parte del el procedimiento.

"El PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos", ha criticado la formación de Alberto Núñez Feijóo, que ve voluntad de perseguir a quienes la denuncian, la investigan o informan y cree que los socialistas "han hecho del abuso su política y ahora quieren que sea ley".

"Dicen que hay procesos abusivos. Lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, hacer negocio de ser la esposa del presidente del Gobierno y sacar por la puerta de atrás de la administración miles de millones de euros en comisiones ilegales", ha indicado el PP.

El PP acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de legislar solamente para protegerse a sí mismo y encabezar un Ejecutivo con aversión a la pluralidad y "en aprietos judiciales y parlamentarios que usa todos los resortes del Estado en beneficio propio".

Los populares han ironizado acerca de que a los socialistas "no les vale con tener al fiscal general del Estado al servicio del presidente del Gobierno ni les parece suficiente usar a la Abogacía del Estado como abogado de familia presentando querellas contra los jueces".