"Mientas otros compañeros tienen que dar un paso para atrás en una actuación nosotros tenemos la obligación de darlo hacia delante"
La Dirección General de Tráfico (DGT) detectó el pasado año a más de 1.100 conductores que circulaban con grandes excesos de velocidad, superando los 80 kilómetros por hora sobre el límite legal establecido, por lo que muchos de ellos fueron puestos a disposición judicial ante la posible comisión de un delito contra la Seguridad Vial.
Según ha informado este viernes la DGT, y recoge EFE, el exceso de velocidad deja de ser infracción administrativa para convertirse en un delito cuando se conduce a una velocidad superior a la permitida reglamentariamente en 80 km/h en vías interurbanas y 60 km/h en vías urbanas.
Las penas pueden llegar a ser de prisión y, en todos los casos, de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años. La mayor parte de estos grandes excesos de velocidad fueron captados por los radares instalados en carretera, aunque también por el radar Pegasus que va instalado en los helicópteros que sobrevuelan las vías.
Destaca el caso de un conductor que circulaba a 238 kilómetros por hora en la A-7 realizando adelantamientos antirreglamentarios y haciendo caso omiso a la señalización de la vía. El delito fue captado por el operador de cámara del helicóptero, quien se puso en contacto con la Central Operativa de Tráfico para que una patrulla parase e identificase al conductor.
La patrulla procedió a la parada e identificación del conductor y le puso a disposición judicial por un supuesto delito de conducción temeraria, penado con hasta dos años de prisión y privación del derecho a conducir de hasta seis años. Asimismo, se le imputó otro delito por superar la velocidad máxima permitida en 118 km, siendo el límite de la vía en ese punto de 120km.
También destaca el caso de un conductor que circulaba a 206 kilómetros por hora en un tramo de la vía convencional N-610 que conecta Palencia con Benavente limitado a 90 km y que se había dado a la fuga en un control preventivo en Valladolid. Finalmente fue localizado y se le imputó un delito contra la seguridad vial.
Otro caso es el de un motorista que circulaba a 185 km/h en un tramo de carretera limitada a 80 km/h en a A-7. El conductor ha sido investigado y puesto a disposición judicial por superar en más de 105 Km/h el límite de velocidad máxima establecida en la vía.
La DGT también destaca el caso de un conductor que circulaba a 192 kilómetros por hora de media con picos de hasta 198 kilómetros en una vía convencional, la N-611, limitada a 90.
Tráfico recuerda que en 2024 la velocidad inadecuada estuvo presente en el 21 % de los siniestros, por lo que hace un llamamiento a todos los conductores para que respeten los límites de velocidad.
Destaca que llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en accidentes de tráfico y recuerda que a partir de 80km/h es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5 %.
La velocidad afecta el riesgo de verse involucrado en un accidente ya que, a mayor velocidad, es más difícil reaccionar a tiempo y prevenir un accidente.
Además, la velocidad afecta a las lesiones consecuencia de un accidente. Según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) si las velocidades medias descendieran en tan solo 1 km/h en todas las carreteras de la Unión Europea se estima que cada año podrían prevenirse 2.200 muertes en la carretera, recoge EFE.
"Mientas otros compañeros tienen que dar un paso para atrás en una actuación nosotros tenemos la obligación de darlo hacia delante"
Del conductor que circulaba a 238 km/hora, penado con dos años de prisión, al motorista que superó en más de 100 km/hora el límite establecido
La imputada, de 44 años, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y nueve meses de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas
Todavía no ha declarado desde que se abrió la investigación, en marzo del año pasado, por la presunta comisión de dos delitos fiscales y falsedad documental